Festram se declaró en estado de emergencia laboral por falta de política salarial y sanitaria

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El gobierno insiste en una conciliación obligatoria para impedir la negociación colectiva.

En el día de hoy, representantes de FESTRAM concurrieron al Ministerio de Trabajo para dar los argumentos jurídicos y prácticos de la inviabilidad de la Conciliación Obligatoria y solicitaron reunirse con los Intendentes presentes en Casa de Gobierno, pedido que fue denegado por las autoridades provinciales quienes impidieron el diálogo.

FESTRAM asegura que el dictado de oficio de la conciliación obligatoria, además de ser ilegal e inconstitucional, se utiliza como instrumento para violar los derechos esenciales de los trabajadores  e imponer una política de ajuste para deteriorar el salario, argumentando perversamente la emergencia sanitaria e impidiendo las reuniones con Intendentes de acuerdo a lo establecido en la Ley 9996.

Se explicó, además de la inconstitucionalidad, lo contradictoria de la decisión del Ministerio de Trabajo de querer movilizar a 50 mil trabajadores y trabajadoras con la conciliación,  ya que estaban aseguradas las guardias mínimas y los servicios esenciales.

Mientras el Ministro de Trabajo quería que los trabajadores municipales vuelvan a su actividad, el Presidente solicitaba evitar la concurrencia a los lugares de trabajo.

Por todo lo expuesto, FESTRAM se declara en emergencia laboral y a la espera de una nueva convocatoria paritaria para discutir la política salarial y reclamar la implementación de los Protocolos de Salud adecuados. Si no se formaliza una urgente reunión paritaria –que respetando la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional puede realizarse con los medios tecnológicos que hoy están al alcance de ambas partes-  esta organización gremial adoptará las medidas que sean necesarias para exigir una nueva política salarial y ambientes laborales acordes a la emergencia por Dengue y Coronavirus, haciendo responsables a los funcionarios provinciales y municipales por los hechos de enfermedades ocurridas en la prestación de trabajo.

Si el gobierno suspende derechos constitucionales, debe garantizar recomposición salarial acorde al proceso inflacionario.