Anulan prescripción de una causa contra Omar Walker por retener un DNI para una elección

Anulan prescripción de una causa contra Omar Walker por retener un DNI para una elección

La Corte nacional hizo lugar a un recurso de queja, presentado por la fiscalía. Un vecino denunció en 2009 que entregó el documento para un trámite previsional, previo a los comicios, y que se lo devolvieron sellado como si hubiera emitido el voto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por mayoría, dejó sin efecto una sentencia que declaraba la prescripción de la acción penal contra el presidente comunal de Los Amores, en el departamento Vera, por haber retenido sin justificación ni causa el documento de identidad de un vecino, al que se lo devolvió sellado luego de los comicios de 2009.

Según informó el sitio oficial www.fiscales.gob.ar, el máximo tribunal del país hizo lugar a un recurso de queja por recurso extraordinario denegado planteado por la Fiscalía General Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había declarado cumplido el plazo de prescripción en una causa en la que se imputa al presidente de la comuna Omar Victorino Walker, la retención del DNI de un vecino que se lo había cedido para una gestión previsional. El fiscal general Claudio Palacín había presentado un recurso de casación -mantenido en las instancias superiores- al sostener que la ley 25.990 establece que el cómputo se suspende cuando los delitos son cometidos en ejercicio de la función pública.

La denuncia

La causa se originó en junio de 2009 por actuaciones remitidas por la Subcomisaría 1a. de la Unidad Regional XIX al Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Allí se apersonó un hombre oriundo de dicha localidad, quien manifestó que la semana previa le había dado su documento a un hombre llamado Omar Walker, para que le realizase un trámite relacionado con el cobro de su jubilación y que, cuando se lo pidió para poder votar, éste se lo negó. Dado que el vecino se retiró sin completar su denuncia, la policía se contactó con el propio Walker, quien desconoció los hechos.

El juez interviniente declaró su incompetencia territorial y remitió la causa al Juzgado Federal de Reconquista, quien a su vez la rechazó al entender que se trataba de un hecho de infracción al artículo 137 del Código Electoral. Devuelta la causa al juzgado de origen, el vecino ratificó su denuncia y declaró que Walker le devolvió finalmente el DNI sellado, como si hubiera emitido su voto, algo que la Secretaría Nacional Electoral negó.

El fiscal interviniente dictaminó sobre la incompetencia del juzgado por entender que correspondía calificar la conducta investigada como “tenencia ilegítima de documento nacional de identidad”, un delito penado con prisión de uno a cuatro años, desconociendo que el acusado era, al momento de los hechos, funcionario público.

Prescripción suspendida

Entablado un conflicto negativo de competencia, intervino la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que declaró, no obstante, la prescripción de la acción penal, arguyendo que, aun si la conducta investigada era la más gravosa, se hallaba cumplido el plazo desde que ocurrió el hecho sin que se hubiera convocado a ninguna persona imputada.

Contra esa decisión, el fiscal general de Rosario Claudio Palacín recurrió a casación, al sostener que se había aplicado erróneamente la ley penal. Basó su planteo en que la ley 25.990 establece que “la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública”, aplicable al caso, dado que Walker, al momento de los hechos, era presidente comunal de la localidad de Los Amores. El recurso fue declarado admisible por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. A su turno la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con criterio contrario, lo declaró mal concedido al entender que la decisión recurrida se encontraba fundada y que no se acreditó la existencia de cuestión federal.

En la Corte

Ante ello, la fiscal general Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar arbitraria la decisión, que también fue declarada inadmisible por esa Cámara. Esto motivó que la representante del Ministerio Público Fiscal fuera en queja por la denegación, la que fue mantenida por el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo Casal.

Por mayoría, el máximo tribunal hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada. En consecuencia, ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento.