La inseguridad no da respiro

La inseguridad no da respiro

La Perla del Norte padece una realidad acuciante en materia de delitos contra la propiedad y las personas. Los robos a viviendas y atracos en la vía pública se repiten. El alevoso crimen de una anciana disparó la alarma en la comunidad.

La problemática de la inseguridad en Reconquista se ubica al tope de las demandas sociales y genera hechos contra la propiedad y las personas de inusitada criminalidad. En la semana que culmina, la muerte de Dolores Encina, una anciana de 83 de años, en una sangrienta entradera conmocionó a la sociedad reconquistense.

A ello se suman robos consuetudinarios en los diferentes cuadrantes de la ciudad, de distintas modalidades, ya sean de ingreso a viviendas como de motochorros, y más. La situación límite llegó al punto de que, en la noche del jueves, vecinos de la zona sur atraparon a un joven que acabada de robar en un kiosco. Lo redujeron en el suelo y publicaron su foto en las redes sociales a modo ejemplificador, pero también de reclamo de ausencia del Estado para frenar a los delincuentes.

Aunque extemporáneamente, las autoridades políticas prestaron atención a la demanda comunitaria y convocaron a reunión al Consejo de Seguridad, en el edificio municipal de Reconquista. Del encuentro, participaron activamente todos los actores y sectores políticos y fuerzas de seguridad, con el objetivo de establecer el estado de situación, priorizar problemas, determinar recursos disponibles y lograr un plan de acción para determinar en conjunto la temática de la seguridad pública.

Durante el encuentro los funcionarios hicieron un análisis de la situación, los recursos y acciones con que cuentan. Se resaltó la resolución de los delitos por parte de las fuerzas de seguridad, identificando como problema a resolver las acciones preventivas ante el mismo.

Acciones

Según se informó, después del análisis, priorizaron acciones a nivel municipal, provincial y nacional. Entre las competencias municipales realizarán gestiones para el traslado del Servicio de Emergencias 911 al edificio del Centro Estratégico de Monitoreo, a la vez que reforzarán el servicio de videovigilancia; avanzarán en la instalación de iluminación pública e incrementarán el servicio de corte de pasto y notificación a propietarios de terrenos baldíos en zonas detectadas como problemáticas; también se promocionarán las alarmas comunitarias. Asimismo, se intensificará el dispositivo de Trabajo Social y la puesta en funcionamiento de la Oficina de Mediación Comunitaria.

A nivel provincial, se acordó solicitar fondos para ampliar el sistema de videovigilancia; apoyo en la instalación del Despacho del 911 en el C.E.O. y reforzar la promoción de su utilización; provisión de mayor personal y tecnología para las fuerzas de seguridad; prosecución rápida de la alcaidía en nuevo destino provisto por el municipio -cesión del terreno aprobado y promulgado por Ordenanza-, instalación de destacamentos policiales en barrios La Loma y Pucará, espacios que ya fueron cedidos para tal fin.

A nivel nacional, se gestionarán fondos con destino a optimizar el Centro Estratégico de Operaciones; requerir mayor equipamiento y personal para reforzar las fuerzas de seguridad federal con asiento en Reconquista.

Además, se acordó darles periodicidad a las reuniones del Consejo de Seguridad, integrando a la Región de Educación y al Poder Judicial; y reactivar el Consejo de Seguridad Regional.

A Pullaro y Bullrich

Al finalizar la reunión, los presentes rubricaron dos notas: una reiterando al ministro de Seguridad Provincial, Maximiliano Pullaro, el traslado del Sistema 911 al C.E.O. y el desembolso de fondos con destino a la ampliación del sistema de videovigilancia en la ciudad.

La otra misiva dirigida a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, requiriendo también recursos para ejecutar el proyecto de seguridad que optimizará el sistema del C.E.O., para el cual es necesario contar con 180 cámaras.

“Esta es una reiteración de la solicitud entregada al presidente de la Nación Mauricio Macri, durante su visita a Reconquista en el mes de noviembre de 2016”, recordaron desde el gobierno municipal.

Asistieron al cónclave, el intendente de la ciudad Amadeo Vallejos; el secretario General, Guillermo Romero Mansur; de Control Público, Fabián Fabrissín; de Desarrollo Humano, Roberto Lorenzini; los concejales Francisco Sellarés, Hugo Morzán, Gustavo López, Natalia Caparelli, Hugo Firmán, Emilio Adobatto, Eduardo Paoletti, Sergio Gallo; el fiscal regional Rubén Martínez; el director general de Policía, Juan González; el titular del Nodo Cívico Región I, Raúl Medina; el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Pablo Politto; los representantes del senador Orfilio Marcón, Héctor Cucit y Omar Biasioli; autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y de la PDI.

“Desidia y abandono”

Esta semana, vecinos de los barrios La Loma, Asunción y Zulema hicieron pública una carta a las autoridades municipales y provinciales (a quien corresponda -Poder Ejecutivo y estructuras administrativas, Poder Judicial y Legislativo-) para denunciar el estado de “desidia y abandono” en el que se encuentran.

En el texto indicaron que “pareciera ser que hoy se intenta imponer la lógica de que debemos acostumbrarnos a vivir en una selva, donde cada aldeano debe preservar su hábitat limpiando cunetas, desmalezando los espacios baldíos, hacerse cargo del alumbrado público faltante en zonas oscuras, más allá de no contar con los recursos humanos ni técnicos para hacerlo”.

Además de esta “elocuente desidia hacia nuestros barrios, estos años se han hecho tristemente célebres por pasar a ser zonas de alto voltaje delictivo”, lamentaron.

Y denunciaron que “de nada han servido hasta ahora todas las comunicaciones, pedidos, reclamos, reuniones con autoridades y promesas de presencia de órganos de seguridad, que se hace cada vez más necesaria, dado que la lejanía con el más próximo asiento de dicha fuerza propende a que los maleantes se manejen a sus anchas, exponiéndonos a un escenario de total vulnerabilidad”.

“No queremos vivir en estado de alerta y atrincherados (pensando que estar armados pueda ser una variable a considerar), queremos recuperar la dignidad de vivir tranquilos, y consideramos a ello como un derecho más del ciudadano común”, reclamaron.