Hubo acuerdo político y sancionaron reformas al Código Procesal Penal

22/12/17  // 
Legislatura
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El Senado aceptó finalmente el texto de Diputados. Compromiso de ambas cámaras con el Ejecutivo para avanzar en febrero en la sanción de un Código de Faltas.

Hubo halcones y palomas; hubo fuertes cruces entre legisladores; hubo reclamos desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cuando parecía que las diferencias eran irreconciliables, el arte de la política permitió destrabar la situación y ayer la Legislatura sancionó una amplia reforma al vigente Código Procesal Penal.

Son más de 50 los artículos reformados con el visto bueno del MPA ya que los fiscales reclamaban herramientas para intentar mejorar su tarea investigaba y también con la decisión de fortalecer a las víctimas y a los querellantes en el proceso.

En abril de 2016, el Poder Ejecutivo presentó el mensaje con las reformas en el marco de varios proyectos referidos al funcionamiento del sistema de justicia. Senado hizo cambios a ese texto e introdujo figuras controvertidas como testigo encubierto, arrepentido, entre otros. Diputados rechazó varias de esas modificaciones a mediados de marzo. Antes del receso invernal, Senado insistió con su proyecto. Ayer, Diputados inició la sesión votando sobre tablas y sin discusión alguna su texto que luego aceptó el Senado (‘contra la impunidad’). Previamente, el miércoles a la tarde, hubo una reunión clave que permitió destrabar el asunto. En Casa Gris, los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, recibieron a los senadores Raúl Gramajo (PJ – 9 de Julio) y Lisandro Enrico (UCR- General López) y a los diputados Rubén Galassi (PS) y Santiago Mascheroni (UCR). Allí se establecieron las bases del entendimiento y el compromiso de buscar un acuerdo en febrero para dictar el necesario y urgente Código de Faltas que reclama el Poder Judicial y también el Código Procesal Penal Juvenil del cual Diputados ya dio media sanción.

Después de la sesión en Diputados, los radicales Mascheroni y Jorge Henn destacaron en los pasillos el importante paso, especialmente en darle más tiempo a la investigación preliminar de los fiscales y en empoderar a las víctimas

Números coincidentes

Cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, puso a votación la reforma procesal penal, solo el justicialista Leandro Busatto pidió que constara su voto negativo. El tablero marcó el mismo resultado que en marzo pasado: 36 votos positivos contra 9 negativos. En aquella ocasión los negativos fueron los cuatro diputados del Frente Justicialista para la Victoria, dos del Frente Social y Popular; dos de Igualdad y Participación y Busatto (Frente para la Victoria). Todo el Frente Progresista, todo Cambiemos y cuatro justicialistas (Julio Eggimann, Claudia Giaccone, Luis Rubeo y Olga Coteluzzi) formaron la mayoría. Ayer fue un calco.

Galassi insistió ante El Litoral en que los cambios apuntan a consolidar el nuevo sistema de Justicia Penal. Explicó los principales ítems de la reforma como impedir que los fiscales puedan no perseguir o perseguir parcialmente a quienes cometan algunos tipo de delitos como casos de violencia de género y tenencia de armas ilegales. También fortalece el trabajo y la responsabilidad de los fiscales a la hora de investigar y de optar por salidas alternativas al juicio oral, como juicios abreviados o probation. En rigor, se amplían los plazos de reserva de los legajos fiscales (a diez días más 48 horas con autorización fundada del juez) y el plazo para celebrar audiencias imputativas, de libertad o cautelares, que nunca podrá superar las 96 horas, contando 72 horas más 24 con autorización del juez. “Los fiscales contarán con más tiempo para recolectar evidencias en casos complejos, respetando las garantías constitucionales de los imputados. Además requerirán consentimiento del fiscal regional para aplicar criterios de oportunidad en causas donde haya penas de seis años o más o se modifique la calificación del delito ante un juicio abreviado”, subrayó.

Las reformas también dan mayores derechos a las víctimas y a los querellantes. Las primeras podrán reclamar por demora o ineficiencia en las investigaciones y ser oídas por los jueces y el fiscal antes de que se firmen acuerdos que las involucran.

En otros de los artículos se dispone que la policía tendrá obligación de detener a quienes estén cometiendo un delito en flagrancia (in fraganti) y de secuestrar todos los elementos delictivos que se encuentren en los allanamientos. A lo que se agrega la inmovilización de fondos de bandas delictivas como medida cautelar real, en consonancia con la ley de destino de bienes producto de ilícitos sancionada el año pasado. Además se amplían las exigencias para que un acusado acceda a prisiones domiciliarias y salidas laborales, ys se redujeron las posibilidades de aplicar prisiones domiciliarias.

La reforma simplificó y suprimió algunos trámites, como la constitución del querellante y el dictado de los sobreseimientos, y se permitió la incorporación de medios electrónicos o tecnológicos para realizar allanamientos, audiencias, reconocimientos de personas y notificaciones.

Los senadores votaron “contra la impunidad”

Extensas y reflexivas exposiciones de Lisandro Enrico y Joaquín Gramajo precedieron a la votación, por unanimidad, de la versión que Diputados había aprobado un rato antes para reformar el Código Procesal Penal.

Para los senadores fue “la ley posible” antes que la ideal. El radical recordó que fue en 2012 cuando la Cámara alta santafesina comenzó a estudiar el tema y que hubo dos medias sanciones que naufragaron en Diputados.

El justicialista dijo que los santafesinos pueden llegar a tener la mejor de la leyes, pero advirtió “de nada sirve si después las personas que tienen que aplicarla no tienen la convicción de llevarlas adelante”. Recordó de inmediato que no ya el 82% de las causas penales, sino “el 90%” no se resuelven.

Reivindicó la sanción de la ley “aprobada por unanimidad en ambas Cámaras” que le da a los legisladores el control directo sobre la actuación de fiscales y defensores. Y reivindicó la retroactividad de la norma, ante las “presiones” de quienes quieren “sembrar dudas sobre su constitucionalidad”.

Gramajo, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, blanqueó la reunión que el miércoles, en la Casa Gris, mantuvo junto Enrico con los diputados Mascheroni y Galassi para avanzar sobre el tema, junto a ministros del Poder Ejecutivo.

La Cámara votó la incorporación de unos fundamentos al texto de la norma para que la versión taquigráfica para asegurarse que se interprete la voluntad del legislador en el caso de una controversia jurídica.

Enrico, desde su banca, expresó: es una ley que tiene “50 y 50” de cada versión del proyecto de ley (la de Diputados y la del Senado) y graficó: “el Código Procesal que rige era como un carro y los senadores queríamos una Ferrari, finalmente ahora tendremos un auto”.

El Litoral

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