Entidades del norte santafesino se pronunciaron con dureza por el flagelo del abigeato y la faena clandestina que azota al departamento General Obligado. Reclamo a los ministros de Seguridad y Justicia.

En las instalaciones del Centro Comercial y Social de Villa Ocampo volvieron a reunirse entidades y representantes del quehacer económico y social que emitieron un duro documento dirigido a los ministros de Seguridad de la provincia, Daniel Cuenca y de Justicia, Héctor Superti, donde se puntualizan los reclamos de la zona en materia “de seguridad rural y falta de Justicia”.

Instituciones intermedias, industriales, comerciantes, productores y profesionales sostienen en la nota a los funcionarios “su profunda preocupación por la sucesión de hechos ilícitos de la que son víctimas los productores ganaderos, la venta de carne mal habida, la faena clandestina que perjudica toda la cadena productiva y comercial al punto que atenta contra la actividad pecuaria haciendo inviable pequeñas explotaciones”.

En ese sentido, los firmantes aseguran que ese accionar se produce “con disimulada complacencia de la Guardia Rural, no sabemos si por simple desidia, incumplimiento de sus deberes, amiguismo, por un precio u otros intereses incalificables”.

Los damnificados explican que tanto el abigeato, como la faena clandestina dañan a la actividad económica, “el primero por constituir un delito contra la propiedad -no suficientemente penado-. Hoy los productores denuncian casos concretos de hurto por arreo de hasta 350 cabezas de ganado y ni así obtienen la calificación del delito: la faena clandestina por violar el Código de Faltas, que establece las esenciales normas de protección al patrimonio, prevención de ilícitos y protección a la salud pública”.
Perjuicios irreparables

“El productor se ve afectado por el abigeato y nunca ve un condenado.

El comercio alterado por la introducción de carne que proviene del delito y de la faena clandestina. La salud pública dañada por falta de control bromatológico e imposibilidad de controlar alimentos que se trasladan ocultos, en vehículos sin habilitación para transporte de carnes frescas, ni mínimas condiciones de higiene y salubridad”.

También los firmantes argumentan que el municipio se ve impedido de ejercer el control bromatológico de sanidad animal y a la postre, aumenta el costo de salud, a cargo del erario público.

Los asistentes a la reunión esgrimen que “mientras la Guardia Rural trata de exhibir estadísticas de disminución de ilícitos, lo que éstas balbucean por la no denuncia de sucesivos hechos ante la inutilidad de concurrir a una institución que no cumple con los mínimos deberes que le fueron asignados, la realidad grita a pleno pulmón que no se toman denuncias, desanimando a los damnificados con frases tales como “es inútil denunciar, los jueces dejan en libertad a los cuatreros’, etc.”, lo que demuestra la connivencia con el delito, la falta y contravención en perjuicio de los productores. Esto es lo que conduce a la “no denuncia” tanto del abigeato como de la faena clandestina, ya que desanimados por las propias autoridades encargadas de la seguridad, el productor y el comerciante tiran la toalla, beneficiándose con las estadísticas los malos funcionarios.
Saladeros clandestinos

Más adelante, aseguran que “la proliferación del abigeato y faena clandestina, además de perjudicar a los productores da nacimiento a nuevas actividades al margen de los organismos de contralor, que contribuyen con la desaparición de los subproductos como los cueros, proliferando saladeros clandestinos con conocimiento de la Guardia Rural que no sólo permite que funcionen sin ninguna habilitación -por ejempo en Ruta 11 en Villa Ocampo y Las Garzas-, sino que le brindan cobertura sin realizar los controles a los que están obligados”.

Esa falta de control, alienta la caza furtiva y permite que continúe la depredación de la fauna, ya que los cueros de animales autóctonos de caza prohibida se comercializan libres de controles. “Por otra parte, añade, el fisco deja de percibir los impuestos que corresponden a todas las actividades -venta de hacienda en pie, de carne vacuna, de cueros y demás subproductos-, aumentándose la evasión, produciendo un nuevo desequilibrio, ya que tanto la industria, el comercio y el productor, cumplen a rajatabla con sus obligaciones fiscales, mientras que los evasores gozan de impunidad”.

En la visión de los productores la ausencia del servicio de Justicia y “el dejar hacer y dejar pasar de las autoridades de la Guardia Rural hace más vulnerable la seguridad pública”.

Finalmente, insisten en que “de forma inmediata se tomen medidas tendientes a erradicar el flagelo de la jurisdicción designando personal competente que no tenga relaciones con la comunidad, ni lazos de compromiso con el delito y se creen las fiscalías y juzgados que la región reclama y necesita”.

“Es precisamente la ausencia del servicio de Justicia y el dejar hacer y dejar pasar de las autoridades de la Guardia Rural lo que hace más vulnerable la seguridad pública”.

¿Coimas en Chañar Ladeado?

A raíz de una denuncia de dos choferes de Monte Maíz, que el miércoles 27 transitaban por la Ruta 93 en un camión con productos alimenticios, que fueron interceptados a pocos km de Chañar Ladeado por una camioneta Chevrolet vieja, conducida aparentemente por policías de la Guardia Rural Los Pumas, que les habrían solicitado una suma de 1.000 pesos.

Una investigación periodística aporta más datos, según se consigna hoy en el sitio digital www.diariofirmat.com.ar, que reproduce un audio de la FM 95.1 del programa “Contacto Informativo”, donde los supuestos policías dan a conocer cómo trabajan en la zona.

Hoy los productores denuncian casos concretos de hurto por arreo de hasta 350 cabezas de ganado, y ni así obtienen la calificación del delito.
Grave denuncia

“Los firmantes tenemos la sensación de que la colaboración que presta la autoridad obedece a directivas superiores que permiten por acción u omisión que los hechos denunciados sucedan, lo que resulta aún más preocupante, habiéndose tomado conocimiento que abundan las denuncias contra integrantes de nuestra Guardia Rural sindicándole distintos tipos de delitos, ante los tribunales penales de Reconquista”, señalan los convocados anoche en Villa Ocampo.

Sin tribunales ni fiscales

“El Estado asiste impávido a esta situación y ausente en cuanto al servicio de Justicia, que no se brinda en el modo y la forma que las condiciones exigen por demora en la puesta en funcionamiento de los tribunales creados por ley en el norte de la provincia”, sostienen en otro tramo de la misiva.

También denuncian que “es insuficiente la cantidad de fiscales que se requieren, conforme la población de la región, en perjuicio de las necesidades del norte del departamento General Obligado.

“En esa situación se siguen concentrando los Tribunales y las fiscalías en Vera, a más de 160 km del norte, dejando sin representantes de Justicia al norte del departamento donde se radica sólo en una parte mayor cantidad de población y actividad económica que en todo el departamento Vera”.
Con copias

La nota de los sectores afectados por los ilícitos rurales también fue remitida al gobernador de la provincia, Hermes Binner; a las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, intendentes municipales y jefes comunales.

EL LITORAL