La aplicación de una normativa que restringe la declaración de Emergencia Agropecuaria a nivel nacional preocupa a senadores provinciales, del oficialismo y la oposición.

Calchaquí y Margarita ya sufren los efectos de un decreto de 1997.

Los senadores justicialistas Alcides Calvo, Rubén Pirola, Hugo Terré, Hugo Pucheta, Alberto Crossetti, y los radicales frentistas Federico Pezz y Eduardo Galaretto firmaron un despacho que pretende alertar sobre los límites que impone el decreto que regula el otorgamiento de la Emergencia Agropecuaria, a nivel nacional. Los legisladores santafesinos solicitaron al Poder Ejecutivo provincial que “realice todas las gestiones necesarias” ante la Comisión de Emergencia Agropecuaria Nacional y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, para solicitar excepciones en la aplicación de un decreto de 1997 que dejará sin esa ayuda a productores rurales, reiteradamente afectados por fenómenos naturales.

Se trata del artículo 12 del decreto Nº 581/97 que textualmente dice: “No se considerará a una región en emergencia agropecuaria cuando sea afectada su producción o capacidad de producción 5 veces o más en un período de 10 años por el mismo fenómeno adverso”.

El decreto que creó las condiciones para la declaración de la emergencia fue ya revisado en 2006 (antes del conflicto entre el gobierno nacional y el agro), mediante la resolución 796/06 cuyos 7 extensos artículos, hicieron más flexibles las condiciones para no otorgar la declaración de emergencia agropecuaria, con su consiguientes beneficios fiscales.

Entre otros tópicos para no dejar fuera de la declaración de emergencia a numerosos distritos interpretó que “para el cómputo de las veces que sea afectada la producción o capacidad de producción de una región, deberá contemplarse que se trate del mismo tipo de fenómeno y la misma actividad productiva”, según la letra que agregó el entonces secretario de agricultura Miguel Campos, al decreto redactado en el ‘97 por Felipe Solá. (ver aparte)

Aún así, hoy quedarían fuera de la norma las localidades del departamento Vera Calchaquí y Margarita, por lo que los senadores piden que el gobierno provincial gestione ante la Nación una excepción para ambos.

Argumentos

Es curioso: en los considerandos de la resolución de 2006 que reinterpretó el decreto de 1997, en beneficio de los productores afectados, están los argumentos que hoy las autoridades nacionales deberían tener en cuenta para no excluir a los distritos verenses.

Decía el gobierno nacional hace dos años que convenía ser más flexibles en correspondencia con “el espíritu del régimen establecido por la ley Nº 22.913 (de Creación de Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria) se ha instituido para ayudar a la producción agropecuaria nacional a superar los daños que le pudieran acarrear factores externos no controlables de origen climático, telúrico, biológico o físico” y que “más allá de la interpretación literal del artículo en cuestión (el 12 de la resolución de Solá) debe prevalecer el hecho que se trata de un régimen de auxilio ante situaciones de daños extremos, por lo que se debe tender a favorecer a la parte que está en la posición más débil, como es el caso de los productores agropecuarios perjudicados por la pérdida de la producción o capacidad de producción”.

Margarita y Calchaquí

La persistencia de los fenómenos de sequía ha dejado a los distritos de Margarita y Calchaquí fuera de la declaración de emergencia agropecuaria a nivel nacional, advirtió en la Cámara de Senadores santafesina el representante por Vera, Hugo Pucheta.

De Felipe Solá

El ingeniero agrónomo Felipe Solá (hoy diputado nacional del peronismo disidente) es el autor de los límites a la declaración de emergencia agropecuaria. Los estableció en la resolución que sistematizó esas ayudas del Estado a los productores rurales, al crear un comisión específica, en 1997, durante la segunda gestión del ex presidente Carlos Menem (hoy senador nacional por La Rioja).

El Litoral