El mensaje del Poder Ejecutivo fue girado en revisión al Senado. Las barras colmadas de dirigentes de Amsafe saludaron la votación. Fueron aprobadas nueve leyes en la última sesión, mientras que otros diez temas obtuvieron media sanción.

Por Mario Cáffaro

Después de varias semanas de duros cruces políticos, la Cámara de Diputados pudo hilvanar una serie de acuerdos que le permitieron terminar el período ordinario aprobando 19 proyectos de ley, de los cuales 9 quedaron sancionados; varias decenas de proyectos de comunicación, entre ellos pedidos de informes del Frente para la Victoria.

Sin embargo, el mejor clima volvió a romperse sobre el final de la reunión, cuando la mayoría votó una resolución excluyendo a dos miembros de la oposición de la Comisión de Control y Revisora de Cuentas, marcando un peligroso precedente del uso de mayorías para interpretar el reglamento.

Entre los proyectos de ley más importantes merecen destacarse la media sanción al mensaje del Poder Ejecutivo que establece el funcionamiento de la convención colectiva de trabajo para el sector docente; la adhesión de la provincia a la ley nacional 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, con la consiguiente creación del sistema provincial de protección de esa franja etaria; la regulación y organización de las asociaciones de bomberos voluntarios, así como un programa experimental de incorporación de nuevas tecnologías en los procesos electorales, cuyo objetivo principal será ir hacia un sistema de voto electrónico en la provincia.

En la sesión tenía preferencia el tratamiento del presupuesto 2009 que no obtuvo dictamen de comisión. El jefe de la bancada justicialista, Luis Rubeo, atribuyó al bloque oficialista la responsabilidad sobre la cuestión y aseguró que los legisladores opositores “queremos dar certeza al gobierno de que queremos tratarlo. Esperamos que el gobernador lo habilite para extraordinarias y que sea ley antes del fin de año”.

Esta semana, al contrario de lo que venía sucediendo, hubo reunión de labor parlamentaria; los jefes de bloque pudieron ordenar la sesión, privilegiando el tratamiento de la ley de paritaria docente para desobligar al buen número de dirigentes de Amsafe y a directivos de Sadop que se acercaron a las barras a seguir la sesión.

Consenso paritario

Fue José María Tessa, ex secretario general de Amsafe y hoy diputado oficialista, el miembro informante del mensaje del Ejecutivo que establece el sistema de convenciones colectivas docentes. “Se repara un injusto atraso con el único sector público que no tiene paritarias”.

Aclaró que el texto votado incluye tanto a los docentes estatales como privados y a todos los sindicatos con presencia en el territorio. El proyecto prevé una comisión negociadora integrada por 14 miembros, siete de los cuales serán del Poder Ejecutivo y otros tantos de las asociaciones sindicales en forma proporcional al número de afiliados.

Tras destacar el alto grado de consenso que logró el proyecto, subrayó Tessa que la paritaria “permite prevenir conflictos y discutir hasta llegar a los acuerdos”, y luego pasó a desgranar los distintos artículos del proyecto. Aseveró que, “con la pronta sanción de esta ley, los trabajadores docentes estaremos en las mismas condiciones que los demás trabajadores de la administración, y tendremos garantizados y podremos mejorar nuestros derechos”.

Desde el justicialismo, la aprobación fue saludada por Silvia De Césaris y Alberto Cejas. La primera no dudó en señalar que era “un día de júbilo y beneplácito”, historiando el logro de los agentes públicos en 1987 y el empeño puesto en el período anterior por Verónica Benas para aprobar una paritaria docente.

“Tanto la paritaria de los estatales como ésta tienen su base en el convenio 151 de la OIT que la Argentina hizo ley”, destacó. Cejas recalcó la importancia de la herramienta “para hacer reales los derechos de los trabajadores” e hizo votos para que el gobernador incluya el tema en las sesiones extraordinarias y logre el apoyo del Senado.

Al momento de la votación, apenas hubo diferencias en el primer artículo cuando el justicialismo intentó incorporar “un ámbito específico” para la educación pública de gestión privada. El oficialismo mantuvo el dictamen original propiciado por el Ejecutivo. Fue entonces cuando, desde la barra del Sadop, se acusó al socialista Lamberto de ser aliado de monseñor Arancedo en la cuestión.

El Litoral